El escándalo de corrupción en un millonario contrato de conectividad en Colombia

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Por estos días a muchos  colombianos los invade la indignación causada por cuenta de un polémico contrato del Ministerio de la TIC por 2.1 billones de pesos. El cual pretende llevar Internet en 10.000 centros digitales a zonas rurales del país. 

El contrato fue adjudicado en un 50% al consorcio Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, conformado por cuatro empresas, de las que solo una logró demostrar experiencia en telecomunicaciones y conexión. 

Este millonario contrato se ha visto envuelto en polémicas desde antes de su adjudicación. En diciembre del 2020, la W Radio reveló un conflicto de intereses en la licitación. Durante la audiencia de adjudicación del proyecto se conoció que Camilo Ernesto Valencia Suescun, quien se desempeñaba como asesor jurídico especializado de la ministra de las TICs Karen Abudinén, era también el abogado del consorcio Unión Temporal SES INRED, que se encontraba participando para quedarse con el contrato.

A raíz de este escándalo, se suspendió temporalmente la adjudicación del contrato, que fue reanudada días después. Esta vez, con alertas por parte de veedurías de polémicas que pondría en riesgo los recursos públicos y la conectividad en zonas apartadas. Una de las irregularidades se debió a la poca experiencia de los participantes en el sector de las telecomunicaciones y la conectividad. Sin embargo, utilizando argumentos poco convincentes fueron descalificados ocho de los diez participantes, dejando continuar en el proceso a los consorcios SES INRED y Centros Poblados, envueltos en muchas de las irregularidades del contrato.

No obstante y pese a las advertencias de corrupción, la ministra Abudinén afirmó en entrevista con la W Radio que todo estaba bien con el contrato y que los niños de zonas apartadas tendrían conexión a Internet. También, aseguró que la licitación no se la ganaba quien tuviera más experiencia, sino el que diera más centros tecnológicos, más velocidad y más tiempo.

Seis meses después, cuando se suponía que el contrato estaba en marcha, se reveló que tanto Claro-Comcel como centros Poblados, consorcios ganadores de la licitación, estaban incumpliendo con el cronograma pactado. Claro-Comcel ya había instalado 700 puntos, pero Centros Poblados pese a recibir un anticipo de 70.000 millones de pesos equivalentes al 7% del contrato, no había instalado ni un solo punto digital. Pese a esta nueva polémica, MinTIC reitero que todo lo referente al contrato estaba bien y que la plata no se perdería.

Luego de los cuestionamientos y el escándalo desatado por el incumplimiento del contratista, el Ministerio de las TICs inició un proceso administrativo sancionatorio en el que se descubrió que Centros Poblados, para lograr la firma del contrato, presentó tres garantías bancarias falsas por un valor de 145.866 millones de pesos. 

Este nuevo escándalo desató una investigación en contra de SES COLOMBIA, empresa encargada de revisar los documentos y pólizas presentadas por los participantes de la licitación; además del inicio del proceso para caducar el millonario contrato y de una investigación en contra de la interventoría que autorizó el pago del anticipo.

El polémico contrato fue caducado el pasado 19 de julio, pero dejó muchas dudas, como qué pasó con el millonario anticipo de 70.000 millones que recibió Centros Poblados. Una investigación de la W Radio reveló que el dinero fue sacado del país girando 58.000 millones a una empresa en EE.UU y los restantes 12.000 millones a una empresa barranquillera. Posterior a este nuevo escándalo, la ministra aseguró que haría lo que estuviera en sus manos para recuperar ese dinero. 

Ya envueltos en la controversia, Centros Poblados se pronunció diciendo que las garantías falsas fueron adquiridas por medio de un intermediario y que el dinero fue girado al exterior con fines de compra de equipos para la instalación de los centros digitales. Además, aseguraron que estarían dispuestos a ceder el contrato a la firma holandesa New Skies Satellites. 

La investigación de la W Radio, también descubrió que el intermediario de Centros Poblados había tenido como abogado a Felipe de Vivero, quien es hoy un alto funcionario del MinTIC y quien se había encargado de estructurar los pliegos del proceso para los centros digitales.

A la polémica por el contrato se suma que hace unos días el consorcio Centros Poblados radicó un documento con la solicitud de ser declarado víctima ante la procuraduría por el caso. También, se le suman denuncias de que muchos de los centros digitales instalados recientemente, en zonas apartadas, ya no funcionan.