Fiscalía solicita preclusión del caso uribe

Tal y como se venía anticipando entre la opinión pública colombiana, el fiscal delegado para el caso Uribe, Gabriel Jaimes, solicitó la preclusión del proceso. La decisión, pese a que se veía venir, no fue muy bien recibida por los colombianos, y mucho menos entre las denominadas víctimas del proceso encabezadas por el Senador Ivan Cepeda. Y aunque la decisión aún tiene que ser avalada por el juez Penal del Circuito que sea designado para el caso, se tiene previsto que será así, lo que formalmente daría por terminado el proceso.

Primeras reacciones

El primero de los implicados en reaccionar frente a la decisión fue el Congresista Ivan Cepeda, quien a través de su cuenta de twitter le envió un mensaje al expresidente Uribe. “A Uribe le digo hoy: triste historia la suya, al final de su vida pública, intenta torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud conoce su verdadero rostro. Para usted no habrá luz al final del túnel”, fue el mensaje que Cepeda le envió a Uribe. Además, Cepeda también se pronunció señalando que la Fiscalía decidió ignorar todo el acervo probatorio recogido por sí mismo y la Corte Suprema de Justicia desde el 2012 cuando inició el caso.

Incluso hay quienes advierten que la preclusión del caso obliga a la intervención de la Corte Penal Internacional,por la presunta falta de transparencia y garantías de justicia que tuvo la Fiscalía. 

¿Cómo y por qué se inició el caso Uribe?

El caso que inició en el 2012 es por una presunta manipulación de testigos y fraude procesal. En ese año el Senador Ivan Cepeda presentó ante el Congreso de la República los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernan Sierra, quienes aseguraban que la familia Uribe Velez tuvo participación en la conformación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Dos años más tarde, en el 2014, cuando el expresidente hacía parte del Congreso se formó un agitado debate en torno a dichas acusaciones, a las que Uribe respondió denunciando a Ivan Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos. Pasaron cuatro años en los que la Corte realizó las primeras investigaciones formales en torno al caso. Hasta que en febrero de 2018, la Corte Suprema tomó la determinación de que no existían evidencias para investigar y acusar a Cepeda. Por otro lado, la misma Corte ante la que Uribe había denunciado a Cepeda, abrió una investigación en contra del exmandatario por el mismo delito que él había denunciado.

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Pero la apertura de la investigación en contra de Uribe en el 2014 por el alto tribunal solo fue el punto de partida para que el caso se convirtiera en el más importante de Colombia. No solo por la influencia política que representa Alvaro Uribe, sino también porque la raíz del caso es crucial para la reconstrucción de la memoria histórica del país. 

Como reacción al inicio de la investigación en contra de Uribe, Diego Cadena, el entonces abogado  del exmandatario, presuntamente sobornó a los testigos estrella para que cambiaran su versión y para que por el contrario acusaran al Senador Ivan Cepeda. Por estos hechos, Diego Cadena se encuentra actualmente procesado por la Fiscalía.

Un año y medio después, en octubre de 2019; el expresidente rindió indagatoria durante nueve horas ante la Corte Suprema, lo que produjo que Uribe quedará formalmente vinculado al proceso. Durante los meses siguientes la Corte Suprema escuchó los testimonios de varios testigos, entre los que se encuentran: Alvaro Hernan Prada, Representante a la Camara por el Centro Democratico; Eduardo Montealegre, exfiscal general; Piedad Cordoba, exsenadora; Ivan Cepeda, entre otros. Para la defensa de Uribe, la Corte se negó a escuchar a otros testigos que tenían  versiones a favor de Uribe.

Casi un año después, el tres de agosto de 2020, la Corte dictó medida de aseguramiento domiciliario en contra del expresidente Uribe, lo que lo convirtió en el primer ex mandatario en llegar a esas instancias. Unas semanas más tarde, para lograr evadir a la Corte Suprema, Uribe renunció a su curul en el Congreso, lo que significó que el proceso pasara a la Fiscalía. Días después, el 10 de octubre del año anterior, la medida de aseguramiento impuesta por la Corte fue revertida por una jueza de control de garantías.

El proceso en contra del exmandatario, ahora en manos de la Fiscalía, tuvo problemas para iniciar su etapa preliminar, puesto que no se tenía claro bajo qué Ley se ampara el caso. Finalmente, el proceso fue amparado bajo la Ley 906 de 2004, siendo la que mejor brinda garantías para todas las partes.

Pese a que se tenía previsto que la decisión frente al caso se conociera el sábado 6 de marzo. La Fiscalía, luego de escuchar varios testimonios adicionales a los presentados por la Corte Suprema, tomó la determinación de solicitar la preclusión del caso por considerar que muchas de las pruebas obtenidas legalmente por las que se vinculó inicialmente al exmandatario no tienen la característica de delito, mientras que hay otras que sí lo tienen.

Las conclusiones a las que llegó la Fiscalía luego de analizar el acervo probatorio serán expuestas ante el juez Penal de Circuito que sea designado en una audiencia pública.