Medios cerrados, bocas calladas y personas desinformadas

Alejandra Torres – Glorianny Hernández

En Venezuela existe un largo registro sobre violaciones a la libertad de expresión debido al aumento de la hostilidad, las condiciones para el ejercicio del periodismo y a las libertades para ejercer el mismo. Según el Instituto de Prensa y Sociedad Venezolana, en los años 2002 y 2004 se reportaron alrededor de 1651 incidentes que afectaron el derecho a la información de cada ciudadano, por lo que, dicho estudio revela la restricción que viven los venezolanos en cuanto a la libertad de expresión.

El organismo vinculado a establecer orden, coherencia y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones es CONATEL, el cual es un organismo que está integrado por una directiva en donde hay representatividad del gobierno, de los usuarios y de aquellos que tienen que ver directamente con los medios de comunicación, en este caso radioeléctrico. el periodista venezolano, Cesar Miguel Rondón, analizó y catalogó a la figura de CONATEL en una entrevista: “Se ha convertido, en esta dictadura, en un órgano censor, un órgano que reprime.”

Las emisoras de radio venezolanas cada día se encuentran más escasas a causa de la censura en donde el país se encuentra sumergido. Rondón explicó que “la censura tiene una sola causa que es ocultar la verdad, esa ha sido su razón desde tiempos inmemorables. Hoy por hoy se censura porque a la dictadura, al régimen de Nicolás Maduro, no le conviene que se digan cosas que resultan verdaderas, ya que a ellos les resultan muy dañinas y perjudiciales porque sencillamente van en contra de su discurso”.

Hay más de 62 emisoras de radio solamente en las capitales de los estados, incluyendo Distrito Capital, que han sido suspendidas y privadas de la opción de transmitir.

El actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en el año 2009 ordenó el cierre de 32 emisoras, hecho que la comunidad de trabajadores de la prensa bautizó como “El radicidio”. Posteriormente en los inicios del año 2015 hubo un incremento de restricciones a la información, puesto que la situación social y económica en el país se deterioró, mientras que el país sufría con desabastecimiento de los alimentos de la cesta básica, por lo que los periodistas se vieron limitados al acceso a los supermercados donde ocurrían dichos acontecimientos que eran de interés público. La limitación fue impuesta por personajes que ejercen la seguridad privada, guardias nacionales y en ocasiones los ciudadanos.

Sin embargo, César Miguel Rondón aseveró: “Uno está consciente que está trabajando en una dictadura, uno está consciente que la dictadura no quiere que uno diga ciertas cosas, pero el deber de uno, es decir esas ciertas cosas, entonces está en mí la habilidad, como comunicador, en decir esas ciertas cosas sin que el régimen las sienta en toda su letalidad. Esto se ha aplicado muchas veces, la famosa expresión “leer entre líneas” alude a esto, mandar un mensaje de tal manera de que el  lector sepa que hay un mensaje subyacente entre líneas”.

Por otra parte, desde el 1 de abril del 2017 se registraron 23 estaciones radioeléctricas que salieron del aire durante el marco de las manifestaciones ciudadanas efectuadas ese año, en un contexto en el que se han confiscado las libertades ciudadanas bajo un decreto de estado de excepción. El director para ese momento de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Andrés Eloy Martínez, aseguró que su despacho evaluaba sanciones contra 15 emisoras por el tratamiento informativo que hacían de las protestas en el país. De la misma manera, el monitoreo de libertad de expresión de esta organización ordenó el cierre de al menos 41 emisoras radioeléctricas a lo largo del 2017, acciones que han sido ejecutadas bajo un patrón de opacidad, debido a que Conatel no ha sido transparente ni ha difundido las providencias de estas decisiones. No obstante, en noviembre de 2018, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa estableció que habían más de 60 emisoras cerradas desde que Nicolás Maduro tomó la presidencia del país en 2013, lo que visibiliza la vulnerabilidad de la libertad de expresión y en la difusión de la información.

La periodista, locutora y animadora venezolana, Dayana Leandro, analizó la labor de un comunicador: “Hay una línea muy delgada entre libertad y libertinaje, así que cada persona sea comunicador social o tenga cualquier otra profesión u oficio, pero quiera comunicar a través de cualquier medio, debe estar consciente de que cruzar esa línea tiene responsabilidades penales y civiles”. 

Prosiguió explicando: «Los comunicadores deben estar prestos a su misión de informar, entretener y educar, teniendo la verdad y la ética como premisa. Sin embargo, no se puede obviar que en la actualidad no es suficiente actuar con ética y responsabilidad, ya que hay otras herramientas legales como La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que suprimen el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y fomentan la censura y autocensura, que tiene una pena de cárcel de hasta 20 años».

Según la información disponible el 30 de abril del 2019,  durante la cobertura de la denominada “Operación Libertad” y la realización de protestas iniciadas ese día, Radio Caracas Radio-750 AM, la estación de radio privada más antigua de Venezuela fue notificada del cese inmediato de sus operaciones por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), debido a la negativa de la renovación de la concesión. La emisora había solicitado renovar su concesión en el año 2002, pero hasta la fecha, nunca se le había dado respuesta a la solicitud. Organizaciones de la sociedad civil informaron que bajo esta modalidad se encuentran la mayor parte de las emisoras privadas  debido a que los funcionarios amedrentan y controlan su línea periodística.

Una de las últimas emisoras afectadas en el año 2020 por una medida de Conatel fue Rumbera, la cual funcionaba en Los Valles del Tuy, estado Miranda, y que era propiedad de Eliu Ramos. Fue sacada del aire el 15 de mayo. De acuerdo a lo indicado por el propio Ramos, el argumento de Conatel fue que había cesado la habilitación. Esto lo consideró discriminatorio, porque en el país hay muchas emisoras que «operan sin permiso» y además, Rumbera había solicitado el permiso en reiteradas oportunidades, siendo negado en cada una de ellas.

Finalizando, la periodista y locutora venezolana, María Antonia Sánchez, relata que para no sufrir la llamada censura por parte de las entidades políticas, “no puedes utilizar la palabra de presidente encargado cuando te vas a referir a Juan Guaidó. Si lo haces, te sancionan, cierran  el programa, cierran el canal  o le piden a ese periodista que salga. No es solamente que el periodista lo diga, sino que si el periodista lleva a una persona y esa persona insinúa algo, pueden también cerrar la radio”. Las personas que trabajan en la producción de los medios de radio, tienen que decirles a los invitados, «le agradecemos por favor que no haga esto», y eso se llama censura. Eso es algo que en este momento está pasando en  el país».