Paro Nacional en Colombia: la eterna lucha de la minga indígena por una vida digna

Desde muy pequeña, Daniela Soto mostró su gran liderazgo. Fue elegida como lideresa juvenil del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC donde se formó políticamente y participa activamente por los derechos de las comunidades indígenas. El Paro Nacional no fue la excepción, pero su ímpetu de lucha se vio frustrado durante las protestas por un proyectil que la mantiene hoy postrada en una cama de hospital. Este es solo uno de la gran cantidad de casos que demuestran cómo la violencia sistemática civil y de Estado hacia los indígenas colombianos sigue cobrando sus vidas y cuyas demandas son ignoradas por años, pero que hoy en el marco del Paro, la Minga vuelve a levantarse.

El Paro Nacional movilizó a la Minga Indígena desde el Cauca a Cali. Los ánimos estaban ya caldeados entre los indígenas y los civiles caleños acompañados de la Policía Nacional colombiana. Daniela Soto con un grupo de compañeras acudió al llamado de un consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN ?(Cxhab Wala Kiwe), Harold Secue, a quien los ‘hombres de blanco’ lo estaban acorralando. Ella intentó sin éxito mediar para que liberaran al consejero de, pero las personas y los demás miembros de la minga se enrollaron en un huracán de insultos, gritos, empujones y golpes, que propiciaron el uso indiscriminado y desproporcionado de las armas de fuego. Un proyectil de fusil AK47 alcanzó a Daniela y le impactó en el abdomen. Ella, ante los ojos de sus compañeros y entre el tumulto de la gente, se desplomó. La auxiliaron e hicieron lo propio con 12 miembros indígenas más que corrieron la misma desgracia. La policía parecía hacer ojos ciegos ante la población civil ilegalmente armada que también arremetía contra la Minga para hacerla retroceder, convirtiéndolos en cómplices de la violencia.

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Minga: del quechua ‘minka’, que significa trabajo agrícola colaborativo. Con este nombre se le conoce a la marcha/movilización indígena, como en este marco del Paro Nacional donde se reúnen para compartir la palabra, conocimiento y diálogo en torno a sus demandas como comunidad.
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El primero de mayo 5.000 indígenas, con sus 127 autoridades, llegaron desde el Cauca a la ciudad de Cali en minga. Hubo 25 puntos de concentración de manifestantes que bloquearon las principales carreteras en señal de apoyo al Paro, protestando para que el gobierno de Iván Duque al fin los tome en cuenta en las mesas de diálogo y atienda sus demandas que, además de tener años en espera, coinciden con las del actual Comité Nacional del Paro. 

Para el día 9 de mayo, la ciudad de Cali se convirtió en un escenario de violencia extrema. Esto sucedió el momento que autoridades del CRIC se encontraban en una asamblea en la Universidad Univalle cuando fueron alertados que la policía y los ‘camisas blancas’ se estaban enfrentando a la minga. Las camisas blancas son personas civiles que visten de blanco, andan en camionetas de lujo y portan gran cantidad de armas de fuego. Ellos justificaron su accionar acusando a la minga de bloquear las vías y de portar machetes y piedras. Sin embargo, del enfrentamiento resultaron 9 heridos con armas de fuego todos miembros indígenas a manos de camisas blancas y la policía.

Daniela Soto. Foto: El Espectador
Los números y casos que dejó la brutal represión policial

Según cifras de la ong Temblores y el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – Indepaz, desde que iniciaron las protestas el 28 de abril hasta el 26 de mayo, se han registrado 2.386 casos de abuso policial, 60 muertes, de las cuales, 43 fueron presuntamente a manos de la fuerza pública y 146 disparos de armas de fuego por parte de la Policía. Además, se denunciaron 22 víctimas de violencia sexual durante las intervenciones policiales y 2 policías muertos. 

Fuente: Indepaz y Temblores

Sin importar la edad ni el género de los marchantes, la unidad especial de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD cometió abusos que desenvocaron en una violación directa y grave contra los derechos humanos de mujeres, jóvenes estudiantes y prensa.

El periodista Santiago Amaya decidió ir a la concentración de protestantes en la Plaza de Los Libertadores de Boyacá, cuando de pronto 10 efectivos de la policía lo interceptaron para una requisa. Él se identificó como periodista de un medio local y les ofreció su documento de identidad el cual rechazaron para tocarlo y esculcar sus pertenencias. En un intercambio de palabras deciden llevárselo a rastras y ahorcándolo. Debido a los gritos que daba pidiendo ayuda, uno de los policías lo golpea en el costado dejándolo sin aire y entre varios, lo subieron al panel policial. 

“Saqué mi celular para grabar, pero me lo quitaron, así que usé mi grabadora de mano. «Me importa un culo lo que usted estudie », me dijeron. Me llevaron a la carceleta y entre 5 policías me golpearon. Con la cinta del carnet me empezaron a ahorcar y me dijeron «esto es lo que hacemos con su periodismo»”, cuenta Amaya con indignación.

Lo dejaron sobre los orines de la carceleta por 20 minutos aproximadamente hasta que lo trasladaron nuevamente a la panel. Pensó que lo llevarían a su casa, porque le preguntaron su dirección, pero se desviaron y lo dejaron por una zona descampada. Le devolvieron su teléfono sin la SIM card y le dijeron que corriera en dirección contraria sin voltear.


Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia.

El imcumplimiento de los protocolos y la brutal represión policial agudizan la situación

Existen 3 variables en el contexto de la policía de Colombia. Primero, la policía al depender del Ministerio de Defensa (y no del Ministerio del Interior como pasa en los demás países de la región) tiene una formación estrictamente militar. 

En consecuencia, lo segundo es que tiene una política institucional muy arraigada en lo militar. Por la formación militar, no cumplen los roles ni funciones normales y tradicionales de una policía que se dedica exclusivamente a la seguridad ciudadana. El experto en seguridad y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosania, considera que la policía en Colombia “no es una policía con una lógica de convivencia ciudadana a favor del ciudadano, sino opera como ejército, a romper. No tiene una cultura institucional referente a los derechos humanos”. 

Manifestante desafiando a la fuerza policial en Bogotá. Foto: Diego Patiño

Sobre la tercera variable, Rosania menciona que las ideologías políticas también juegan un rol importante. “El conflicto ha hecho que las F.F.A.A. y la policía tenga una posición ideológica de derecha. Se sienten de derecha y representan a los partidos de la derecha. No tienen una lógica tridimensional de derecha/centro/izquierda, sino que si alguien no es de derecha, es automáticamente de izquierda. Además, como se “criaron” luchando contra las guerrillas y el narco, tienen esa lógica del enemigo interno. Ahora que ya no hay FARC, empiezan a ver la protesta social civil e indígena como una nueva amenaza”.

El ESMAD tiene protocolos internacionales que cumplir, como no salir con armas de fuego, las armas no letales con una lógica de disuasión y esas armas no letales tienen una forma de emplear el tiro, o parabólico o dirigido hacia el piso (gases, bombas de aturdimiento y las balas de goma).  

“Los reporteros han visto que ellos (el ESMAD) están disparando directamente o a medio cuerpo de las personas, marchantes y también la prensa. Vi un agente apuntando de una forma burlesca apuntando a los ojos a un pelado, a muchos de ellos los están dejando ciegos. No hay un respeto al protocolo de tiro internacional antidisturbios ”, aseguró Rosania. 

Debido a lo presenciado en videos de las redes sociales y algunos medios de televisión, se ha evidenciado que no se cumplen los protocolos de procedimientos ni los protocolos del uso de las armas. “Así sea un vándalo, tienen que seguir un debido proceso. Hemos llegado al punto que alguien tira las piedras y la policía las recoge y tira las mismas piedras”, denuncia Néstor Rosania.

Pero ¿por qué protestan las comunidades indígenas en el marco del Paro Nacional?

El pliego del comité nacional de paro presenta 6 puntos urgentes que deben ser atendidos por el gobierno de Duque debido a que los niveles de pobreza en el país han aumentado en un 47% debido a la pandemia, según las cifras del Departamento de Administración Nacional de Estadística, DANE. Asimismo, las comunidades indígenas presentan también un pliego de peticiones que convergen con las ya presentadas por el comité. Entre sus demandas señalan detener la matanza de sus autoridades, detener el desmonte de derechos con la aplicación de la consulta previa, el cumplimiento de acuerdos, cese del conflicto armado y la materialización de un compromiso con la minga.

Eduin Capaz, consejero electo por las autoridades indígenas del norte del Cauca (del CRIC) considera que la movilización indígena es la expresión-respuesta por parte de las comunidades debido a la violencia sistemática que sufren hace más de 20 años.

“Estamos en un contexto donde los gobiernos han construido una narrativa en torno a las comunidades indígenas. Han constituido un rezago social utilizando el tema de la guerra interna para tapar actos de corrupción que golpean a los más pobres de las zonas rurales. Vivimos una violencia estructural”, explica.

Policía y miembro de la minga enfrentados en Cali. Foto: BBC

Las comunidades indígenas colombianas se caracterizan por su nivel de organización después de la Constitución de 1991. Sin embargo, Capaz comenta que los niveles de violencia y explotación vienen desde el año 65 e incluso más, donde se refuerza la narrativa de agresión por parte de todos los frentes: violencia de Estado, violencia paramilitar, judicial y estigma de los medios de comunicación. 

Existe una deuda social con las comunidades originarias

El abogado y activista social, Alexander Alvarez, considera que el gobierno promueve una cultura de señalamiento que termina en exclusión y represión a las comunidades indígenas.

“El racismo por parte de la clase dirigente y sus discursos racistas y machistas solo representa a un sector pequeño de la población, pero con peso específico. Los personajes políticos refuerzan ideas como que los indígenas se deben quedar en sus territorios, o de lo contrario, expulsarlos. Estas ideas calan en los demás, civiles e instituciones. Existe un sesgo antindigena, planteado desde el gobierno, pero en definitiva es una comunidad que está constantemente en movilizaciones, que cada vez más lucha por sus derechos”, explica Alvarez.

Gonzalo Ruiz Tovar, periodista internacionalista colombiano radicado en Perú, afirma que los noticieros de televisión y medios escritos enfatizan solamente el lado del vandalismo como un mecanismo para desprestigiar las jornadas de protestas.

“La información de la prensa deja mucho que desear, ya sea en Colombia o en Perú. Los medios convencionales informan a su manera sobre todo los grandes canales como RCN y Caracol se encargan de mostrar solo una cara de las protestas. Eso es repudiable, pero no abordan la otra cara de la problemática ni dejan en claro que las marchas han sido muy mayoritariamente pacíficas”, afirma Ruiz Tovar.

Por otro lado, Albeiro Bisus, comunicador indígena del CRIC, denuncia que los grandes medios de comunicación siguen estigmatizando la figura de las comunidades indígenas, que existe un versus entre los medios independientes -que informan sobre el Paro y el estado de la minga- y los medios convencionales.

“Los miembros de la comunidad guardamos material probatorio donde se demuestra que las autoridades dan luz verde para asesinarnos y eso lo posteamos en nuestras redes. También a través de las redes, funcionarios públicos han mostrado rechazo hacia nuestra comunidad, ofreciendo dinero para que nos maten. El presidente Duque con sus ministros vinieron a Popayán para autorizar al gobernador a que refuerce la fuerza pública”, denuncia Bisus.

Minga indígena llegando a Cali. Foto: Marca.

Los problemas que arrastran los colombianos a raíz de la pandemia son innegables, han sido gravemente golpeados por la crisis sanitaria. Esto considerando que sus principales actividades económicas responden a lo agrícola, lo agropecuario, caficultores y algunos grupos poblacionales de comunidades indígenas que viven en zonas de siembra de hojas coca, se dedican a esta actividad. Además, están otros miembros dedicados a la docencia, a la administración organizativa de la comunidad, entre otras profesiones. 

Sin embargo, las demandas de los pueblos originarios van más allá de la pandemia, tienen años pidiendo al gobierno ser escuchados básicamente para garantizar su propia supervivencia.

Sobre la actuación de la policía, en vez de ser un cuerpo civil para la convivencia y no de confrontación con los civiles, que no hagan ojos ciegos a los abusos de grupos de civiles o de otros miembros de la institución. Las autoridades en organismos como la Defensoría del Pueblo son personas muy ligadas a los gobiernos de turno y anteriores, como con el gobierno de Álvaro Uribe, y poco comprometidos con la causa del cargo. En la primera semana de las jornadas de protestas, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, decidió irse con las camionetas oficiales de vacaciones a Girardot, algo que no pudo justificar luego de hacerse pública esta información . Este tipo de manejos en las instituciones públicas dificulta que las personas se animen a denunciar y solo les queda seguir de pie protestando, esperando la intervención de organismos internacionales que se pronuncien ante tanto atropello a sus derechos. 

La minga debido a la completa indiferencia del gobierno, decidieron regresar al Cauca. A pesar de que cuentan una guardia indígena, jóvenes que están en primera línea y personas que se encargan de proveerles de comida y agua, ellos no pueden estar tanto tiempo fuera de sus territorios, de su hogar. Pero aún así se organizan manifestaciones, reuniones y las protestas siguen a través de las redes y en las calles con el apoyo de otras comunidades como la afrocolombiana.

Definitivamente, la pandemia ha puesto al descubierto las falencias en todos los niveles del organismo estatal y social. Ha dejado al descubierto que la pobreza del pueblo colombiano no acabará con reformas tributarias, que la policía está preparada para la guerra y no para acompañar las manifestaciones, que la criminalización de la protesta y el estigma racial hacia las comunidades originarias es el principal eje para todo lo negativo que estas perciben. En lugar de ser protegidas y apoyadas por el gobierno, son excluidas negándole la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas como las tiene un colombiano de Bogotá.

La minga no parará hasta que sus peticiones sean escuchadas, hasta el día que no falte ningún miembro en su comunidad. La vida de todos los colombianos importan, la vida de Daniela Soto importa; y las vidas indígenas también importan, señor Duque.

*ACTUALIZACIÓN: Daniela Soto, lideresa juvenil del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, ya se encuentra recuperada y fuera de peligro.