XENOFOBIA EN DUITAMA: EL CASO DE JUAN ALEJANDRO CUADROS VIVAS

El domingo 30 de mayo, día en que Egan Bernal se coronó ganador del Tour de Francia,  se reportaron al menos 43 homicidios y más de 2 mil víctimas por parte de la fuerza pública a manifestantes en el marco del paro nacional. Ese mismo día se conoció en redes sociales el nombre de Andrés Escobar, uno de los paramilitares que estaba disparando en Cali, en el sector conocido como Ciudad Jardín, a personas desarmadas.

En Duitama, Boyacá, alrededor de las 7:00 p.m, en la licorera 24/7 (ubicada cerca a la gasolinería de Petrobras en el sector conocido como UPTC) una pareja de uniformados (hombre y mujer) llega al lugar en una moto, a pedir documentos a un grupo de jóvenes bajo el argumento de “por ser toque de queda no pueden estar en áreas públicas, así estén dentro del establecimiento”. Sin rehusarse, sacan sus documentos venezolanos y al entregarlos, comienzan las ofensas.

—Nos dicen gamines y no nos bajan de ‘venecos’ a lo que le pido (a la uniformada de número 108521) que me explique qué significa, porque para mí eso es otra cosa. No me dice nada. Allí comienzo a explicarle un caso que le ocurrió a mi hermana cuando le robaron el celular y al ubicarlo, por el GPS, la policía nos pidió una orden de allanamiento para entrar a la casa donde estaba, que, según lo que averigüé, allí adentro se dedican a vender drogas y a robar.

Yo les dije que a mi parecer la policía estaba confabulada con ellos,  porque no querían ayudar. Cuando le dije eso, ella se molestó y llamó a la patrulla. Llegó, me subieron junto a otro compañero y uno de mis amigos entró para acompañarnos.

También lee: UN PARO DE MULTITUDES

Nos trajeron a la estación de la Camilo Torres, me bajaron, la uniformada me tomó de la camisa en forcejeo y me arrinconó contra la pared. Allí sacó el bolillo y comenzó a golpearme en repetidas ocasiones en mi cuerpo, sin ninguna piedad, mientras trato de cubrirme con mis brazos y de esquivar los golpes a tal punto de llegar a raparselo para detenerla.

Es ahí cuando cuatro uniformados llegan y empiezan a golpearme. Uno se viene con suma rapidez y me golpea en la espalda, trato de escaparme, de salir corriendo y me dan un golpe en la cabeza, en la cara y en el ojo que me deja aturdido.

Me dejan en la celda retorciéndome del dolor, mi brazo me dolía, no lo podía mover, entonces mi amigo comienza a golpear a las celdas para que me revisaran y en vez de ayudarme, toman una manguera con agua fría y lo mojan. Nos decían que por ser venezolanos podían hacer con nosotros los que se les diera la gana, cuando les dije que yo soy colombiano empezaron a decirme ‘qué va a ser colombiano este hijueputa veneco’.

Al revisar las chaquetas encontraron mi cédula. A eso de las 10:30 p.m nos dieron salida y uno de los uniformados me dice que por qué no presenté la cédula colombiana mientras me piden firmar un acta —narra Juan Alejandro, de 22 años, quien desde hace cinco años regresó a Colombia después de terminar sus estudios escolares.

De acuerdo con su madre, Sofía Cuadros, su hijo no representa ningún riesgo para la sociedad. “Es un muchacho trabajador, hace dos meses lo despidieron como auxiliar de taquilla en la Terminal de Transportes por la situación económica.

 Además, desde pequeño ha sido muy enfermo, muchas veces lo tuve a punto de morir, es el menor de mis hijos, tengo cinco, para la familia ha sido una sorpresa, porque Alejandro no se mete con nadie, es muy callado, él tiene una enfermedad en las articulaciones llamada Astos que ha hecho que cada año toque aplicarle una inyección y estar en constante revisión médica”.

El concejal del Partido Verde, Julian David García, hizo público un vídeo en su página de Facebook entrevistando a Juan Alejandro quien muestra los hematomas en sus brazos, espalda, parte trasera de su cráneo y quien cuenta con sumo detalle el altercado con la policía. “Este puede ser uno de los muchos casos que ha habido de abuso policial, enviaremos oficios y denuncias pertinentes a la Procuraduría, Fiscalía y la Policía para que se investigue estos presuntos abusos policiales contra Alejandro y dos de sus amigos. Es necesario que se establezca y se puedan identificar los agentes que hicieron este procedimiento”, afirma el concejal.

Ver video: https://fb.watch/5XvMK9g-TX/

Cabe resaltar que con este serían tres los casos de tortura conocidos en el municipio a manos de la fuerza pública, en la estación de Policía de la Av. Camilo Torres, en tan solo un mes. De igual forma, que varios tratados internacionales son claros al decir que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” (Artículo 9 de Declaración Universal de Derechos Humanos) y que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 12, prohíbe la tortura, los tratos crueles, ihumanos o degradantes.

Así mismo, el Código Penal dedica su capítulo 4 (artículos 174 a 177) que estos delitos pueden conllevar penas de prisión entre 32 a 90 meses como la pérdida del empleo. La ley 1482 de 2011 establece que “el que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Hasta el momento, se abrió proceso penal en contra de la Policía Nacional por los hechos ocurridos contra el joven. La familia dice haber recibido hostigamiento por uniformados quienes lo intimidaron el pasado viernes cuatro  de junio al presentarse con oficio en mano para solicitar copia del acta que firmó inconsciente.

Se hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Secretaría de Gobierno y la Unidad Nacional de Protección para tomar medidas que garanticen la seguridad de Juan Alejandro y su familia. De igual forma, a la CIDH a escuchar su testimonio.